Ante la falta de acuerdos en el Congreso sobre el presupuesto de Estados Unidos, el 1 de octubre el gobierno de ese país entró en lo que se llama una “parálisis”.
El año fiscal en EU inicia el 1 de octubre, fecha en la que necesita tener un presupuesto aprobado para garantizar el funcionamiento de la administración pública, sin embargo, las diferencias entre el Presidente Barack Obama y el Partido Republicano sobre los gastos del gobierno llevaron a que no se aprobara la partida. Contrario a lo que sucede en México, si el Congreso de Estados Unidos no aprueba una partida para la fecha señalada, el gobierno puede mantenerse funcionando con la aprobación de medidas extraordinarias tal y como sucede desde 2010, ya que el último presupuesto que se aprobó fue el del año fiscal 2009 y desde entonces, el gobierno se mantenía en operando con estas medidas.
La explicación de los republicanos, quienes controlan la Cámara de Representantes, para no aprobar la propuesta presupuestal se refirió principalmente a su demanda de que el gobierno gaste menos y no tenga programas que consideran excesivamente asistencialistas, como el llamado “Obamacare”, el plan de salud que es una de las banderas del actual Presidente.
Los Republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron un plan presupuestario que no incluía fondos para financiar el programa “Obamacare”. La Ley de Asistencia Asequible (“Obamacare”) es una extensión del servicio de salud, que permite a aquellos que no cuentan con un seguro médico obtener uno subsidiado por el gobierno. La legislación permitirá acceder al sistema de salud a quienes cuentan con condiciones preexistentes, no tengan acceso a servicios de salud en su trabajo o no pueden pagar un plan privado.
Este programa se pensó tomando en cuenta que a partir del 1 de junio todos los ciudadanos norteamericanos deberán tener un seguro médico o enfrentarán multas. Ante la falta de acuerdos en torno a este programa, el presupuesto no fue aprobado y el gobierno de EU fue obligado a paralizarse. Con la medida sólo se mantienen en funciones 1.3 millones de trabajadores que son considerados como “esenciales” y dejan de laborar cerca de 800 mil burócratas, sin derecho a pago, cuyas funciones no son consideradas como prioritarios. Entre las áreas que suspendieron sus funciones están: la operación de parques nacionales, monumentos históricos y museos; inspecciones sanitarias de rutina, programas de investigación médica, operaciones de seguridad social no asociadas al envío de cheques de pensiones, líneas telefónicas para consultas de salud, verificación de estatus de residencia legal para nuevos empleados inmigrantes; juicios civiles; algunas áreas de la Agencia de Protección Ambiental, entre otros.
Fuente: www.sinemebargo.mx 4 de Octubre del 2013
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